Muchos andan tratando de anticipar cómo será la “nueva normalidad” que vendrá después de la pandemia. Si nuestra capacidad de predecir el futuro es por lo general muy escasa, lo es todavía mucho más ahora, aturdidos como estamos por lo que nos está pasando. Casi todo lo que nos dicen los osados oráculos lo podemos tomar a beneficio de inventario; lo más probable es que la mayoría de lo que nos vaticinan no se cumpla… aunque como nos anuncian unos una cosa, y otros la contraria, forzosamente alguno acertará. Es como llevar todos los números de la rifa, que te llevas el premio seguro.
En esta ausencia casi total de certezas hay una que parece que concita un acuerdo casi general: contrariamente al discurso dominante durante las últimas décadas (concretamente desde los ochenta de Thatcher y Reagan) que defendía adelgazar el Estado, ampliando y reservando más campo de juego a la iniciativa privada, ahora viene un ciclo largo en el que el Estado tiene que librarse de esas restricciones ideológicas y crecer. Más inversión en la sanidad pública y en otros servicios públicos esenciales, sin las cicaterías del pasado; más capacidad de compra pública y de intervención en la actividad económica, sobre todo en la industria. También, horror, más instrumentos de control y supervisión social. Más Estado; lo piden hasta los empresarios en estos momentos de necesidad en los que recurrir al gran Leviatán es su única tabla de salvación…
Más Estado, para desmayo de tantos liberales, sobre todo los de tendencias más libertarias y anarcocapitalistas. Es verdad que sus propuestas de un Estado mínimo casan muy mal con lo que estamos viendo que nos hace falta de forma acuciante para luchar contra el coronavirus. Hace años lei un artículo de un ilustre liberal patrio que defendía como posible y deseable en España un Estado ¡diez veces! menor que el que tenemos. ¿Nos habría ido mejor con un un Estado diezmado, sin sanidad pública? No lo parece… y el debate está servido entre los que consideran una obviedad que lo que hay que hacer es engordar el sector público dotándole de más recursos, y los que se escandalizan asustados por el océano de despilfarro e ineficiencia que se avecina.
Pero el debate está mal planteado, y creo que esto se desprende de una de las lecciones que han quedado bien claras en estas semanas de crisis. No se trata de que el Estado sea mayor o menor, sino de que sea eficaz, es decir que haga lo que tiene que hacer, y a ser posible que lo haga de forma eficiente, con economía de recursos. No dudo del interés del debate sobre el tamaño de Estado, pero es prioritario garantizar que el Estado, tenga el tamaño que tenga, sea capaz, ágil, efectivo, guiado por los resultados de sus acciones. Es decir, eficaz y eficiente. De poco sirve un Estado grande ineficaz e ineficiente, y tampoco sirve uno pequeño ineficaz e ineficiente.
A partir de ahora creo que los ciudadanos no van a aceptar los dislates, fracasos, retrasos y desastres con los que se han conducido las administraciones públicas (todas, aunque quizá menos los ayuntamientos) en esta crisis. Es verdad que las circunstancias eran extremas y habría sido imposible no cometer errores, pero la escala de ineficacia que hemos visto es intolerable. Y creo que una cosa buena que podemos sacar de esta odiosa pandemia es un umbral de tolerancia colectivo mucho más exigente a la hora de medir la calidad del funcionamiento de nuestras administraciones.
Uno de los problemas que tenemos en España es la colonización de la administración pública por los partidos políticos y la política en general, pero no quiero entrar aquí en eso. Sólo dejar constancia de que hasta que no se produzca una separación que impida el parasitismo de tantos puestos en la administración y la utilización partidista del sector público no vamos a conseguir avanzar en serio.
Pero otro de los problemas es la naturaleza del proceso administrativo en España, anticuado, rígido y casi imposible de evolucionar. La administración tiene “vida propia” y es un terreno en el que las formas de hacer las cosas está muy codificada, y es bueno que así sea, pero de una manera que hace casi imposible el cambio, la agilidad de respuesta y la evolución adaptativa, y es malo que así sea. La rígida mentalidad administrativa, tan arraigada en el funcionariado español, es un lastre tremendo para que nuestro sector público alcance las cotas de eficacia y eficiencia que cada vez más le vamos a exigir.
Por tanto, frente al estéril debate sobre el tamaño del Estado, exijamos un Estado que funcione y sea capaz y que, en la línea de lo que propone la profesora Mariana Mazzucato , trabaje con la iniciativa privada para sacar el máximo rendimiento de una colaboración que tiene un enorme potencial. La contraposición entre lo público y lo privado es la otra cara de la moneda del debate sobre el tamaño del Estado, y es igualmente empobrecedora y desacertada, no permitiéndonos ver que hay otras formas de hacer las cosas más imaginativas y mejores.
En definitiva, para lo que se nos viene encima después de la pandemia necesitamos un Estado eficaz, eficiente, innovador, emprendedor, inversor, … pero no se si más grande o más pequeño del que tenemos; el tamaño resultante debería ser en buena medida consecuencia de esas cualidades esenciales imprescindibles.
Autor: Rafael Ramos
